Las cifras no mienten: piense antes de votar

Hay una pregunta que todo ciudadano debería hacerse antes de marcar una tarjeta electoral: ¿qué pasó con el país mientras se ejecutaron las políticas que voy a validar con mi voto? Aquí una invitación a revisar los datos, compararlos con las promesas y sacar conclusiones propias, más allá de candidatos y partidos. Los números tienen la ventaja de no tener ideología.

El sector que más emplea, el más golpeado

El sector inmobiliario y de construcción aporta aproximadamente el 8,8% del PIB, equivalente a más de $125 billones al año, y es uno de los mayores generadores de empleo formal del país. No es un sector de ricos: detrás de cada obra hay maestros de construcción, transportadores, ferreterías de barrio, notarías, agentes de finca raíz y familias que aspiran a un hogar propio.

La trampa del primer trimestre de 2026

Las cifras del primer trimestre de 2026 muestran un panorama preocupante para el sector vivienda. Las ventas en Colombia cayeron 6,1%, pero en nuestro Valle del Aburrá la situación es aún más crítica con una caída de 21%. Los inicios de obras caen 31% y acumulan 12 meses en menos 13,4%. Más que turbulencia pasajera, vemos una señal sostenida de deterioro en el sector que más empleo sostenible genera. Cuando se frena el inicio de nuevos proyectos, sí, se afecta el negocio constructor, pero también se reduce el empleo futuro, la oferta de vivienda y la confianza del mercado.

El mismo panorama preocupante refleja, paradójicamente, la Vivienda de Interés Social. Este segmento sigue siendo la mayor parte de la oferta disponible: representa el 61%, con 158.748 unidades, sin embargo, por decisiones erradas e improvisación reflejada en cambios a condiciones de programas sociales, se ha debilitado por falta de subsidios y de coordinación institucional.

Con una meta oficial de asignar 50.000 subsidios anuales, la Resolución 0030 de Fonvivienda solo asignó 803 subsidios en 2025, eso implica una reducción de 49.197 subsidios. Para 2026, el panorama es aún más fuerte: el Fondo Nacional del Ahorro informa que están suspendidas las nuevas postulaciones, mientras que Minvivienda confirmó que no habría nuevas asignaciones de Mi Casa Ya en 2026. En la práctica, las familias de menores ingresos terminan siendo las más afectadas por fallas en las políticas que, en teoría, prometían y deberían protegerlas.

Más gasto, menos inversión: una ecuación que no cierra

El Presupuesto General de la Nación para 2025 fue de $523 BILLONES DE PESOS. De ese total, $328 billones se destinaron a funcionamiento –no a inversión social, no en programas como Mi Casa Ya que, por el contrario, se encuentra desfinanciado–, el endeudamiento del estado llegó, durante este gobierno, a más de $112 billones, con un incremento del 19%, sin contar con los intereses a los que se está colocando esta deuda, que en 2026 ya tocan tasas cercanas al 14%. En contraste, la inversión apenas fue de $82,5 billones lo que refleja una penosa caída de 17 puntos.

Lo que vemos en el resultado de la decisión del Gobierno de activar la llamada “cláusula de escape”, que suspende temporalmente los límites de la regla fiscal y permite más endeudamiento. El efecto: el S&P Global rebajó la calificación soberana de Colombia a BB con perspectiva negativa, lo que encarece el financiamiento externo para el país, las empresas y los hogares. Ante un panorama en donde se agranda el estado, se aumenta el gasto de operación y se recurre a la deuda, las consecuencias son globales y nos tocan a todos.

La lectura es clara: el Estado está destinando más recursos a sostener su operación que a financiar inversión productiva. El gasto público creció 7%, mientras que el sector privado —que es clave para generar empleo, inversión y vivienda— apenas avanzó 1,8% y para financiar ese costo fue aprobada una reforma tributaria inicial que buscó recaudar más de $20 billones, equivalentes al 1,2% del PIB; la Ley de Financiamiento apunta a $26,3 billones anuales adicionales; y el impuesto al patrimonio empresarial supera los $6 billones. El resultado directo: menor inversión privada, mayor incertidumbre y fuga de capital. Como resultado tenemos un panorama en el que la inversión extranjera directa cayó 24% en 2025.

Una economía no se vuelve más justa castigando la inversión que produce empleo, vivienda y dignidad. El camino al bienestar no pasa por gravar más a quienes generan trabajo: pasa por ejecutar mejor el gasto que ya existe.